La llegada del Coronavirus en 2019 y las medidas para contener su avance, como el cierre de establecimientos educativos, de cuidado infantil, personas con discapacidad, geriátricos, entre otras, ha puesto de manifiesto una preexistente crisis de cuidados. La demanda de cuidadospor medidas preventivas (cuarentena, distanciamiento social, aislamientos) para detener la expansión del virus se ha incrementado en estos días de emergencia sanitaria.

Los cuidados son todas las acciones que hacemos para mantener, continuar y reparar nuestro mundo –nuestro cuerpo, nuestro ser, y nuestro ambiente– de manera que podamos vivir en él tan bien como sea posible; es  todo lo que permite entretejer una compleja red de sostenimiento de la vida; un trabajo de auto sustento y cuidado humano reconocido como labor productiva en nuestra Constitución, pero no en la práctica cotidiana, lo cual limita las oportunidades de las mujeres al estudio, al empleo o al tiempo de ocio. La Encuesta del Uso del Tiempo (INEC 2012) refleja que el tiempo total de trabajo de las mujeres a la semana, es de 17:42 horas más que los hombres y el tiempo de trabajo doméstico y de cuidados no remunerado destinado por las mujeres es 3,5 veces más que el de los hombres, trabajo que representó en 2017 el 19,1% de aporte al Producto Interno Bruto (PIB), es decir 19.872.978 USD.

Los roles de género tradicionalmente asignados a hombres y mujeres sobrevienen en la feminización de las profesiones relacionadas con los cuidados, son las mujeres quienes están mayoritariamente en la primera línea de respuesta a la crisis sanitaria y expuestas a un mayor riesgo de infección por las profesiones y tareas que ejercen como trabajadoras y profesionales sanitarias, voluntarias comunitarias y cuidadoras. Según el Registro Estadístico de Recursos y Actividades de Salud (INEC 2018) en el país hay 39.908 médicos/as y 24.751 enfermeras/os y 17.350 auxiliares de enfermería, quienes laboran en diferentes hospitales y centros médicos con distintos niveles de responsabilidad.

En contextos de emergencia la violencia contra las mujeres basada en género, particularmente la violencia intrafamiliar aumenta debido a las tensiones y conflictos en el hogar. Si bien la medida de aislamiento domiciliario es necesaria para prevenir la propagación del COVID 19, muchas mujeres se ven forzadas a permanecer con sus agresores en el hogar, lo cual pone en riesgo sus vidas. El INEC reporta que el 65% de las mujeres en Ecuador ha vivido violencia basada en género, el 45% perpetrada por su pareja. Las personas sobrevivientes de violencia pueden enfrentar obstáculos adicionales para huir de situaciones violentas y para acceder a medidas de protección o servicios que puedan salvar sus vidas, debido a factores como las restricciones de la circulación o la cuarentena. De ahí la importancia de difundir que en casos de violencia en el ámbito intrafamiliar se pueden comunicar al 9-1-1 o al 1800 DELITO (opción 4). Además, las Unidades Judiciales están atendiendo los casos de violencia vía telefónica

El hecho de que el conjunto de la población, en circunstancias como la de esta emergencia sanitaria, pueda ser considerada “vulnerable” nos muestra la importancia de resolverla necesidad social del cuidado, que no implique hogares sobrecargados,asumiendo los cuidados y una desigualdad de género que afecta mayormente a las mujeres, por la división sexual del trabajo, tanto en el ámbito remunerado como en la distribución de tareas y actividades en el interior de los hogares.

En este sentido, desde el Consejo Nacional para la Igualdad de Género, instamos a la ciudadanía a permanecer en sus hogares asumiendo un compromiso de mantener relaciones solidarias, respetuosas, corresponsables en el trabajo de cuidados, en igualdad; reconsiderando las tareas que se han asumido, para lograr un equilibrio en el trabajo que ahora corresponde a toda la población dentro de nuestros espacios íntimos, pero que históricamente se han establecido como tareas propias de las mujeres.

De esta crisis, desde el Estado y la sociedad en general, podemos generar la oportunidad de repensar nuestro régimen de cuidado a partir de la organización de los actores de la provisión: el Estado, el Mercado, los Hogares y la Comunidad, donde todas y todos revaloricemos y seamos parte del trabajo de cuidado y la sostenibilidad de la vida, para lograr una convivencia más justa y menos violenta.