El Consejo Nacional para la Igualdad de Género (CNIG), mecanismo especializado del Estado, responsable de asegurar la plena vigencia y el ejercicio de los derechos de las mujeres y personas LGBTI, consagrados en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos con atribuciones de formulación, transversalización, observancia, seguimiento y evaluación de políticas públicas destinadas a garantizar el cumplimiento de los derechos humanos de las mujeres y personas LGBTI, en el marco de esta emergencia sanitaria declara:

• Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos – INEC y la Comisión de Transición (2013) uno de los espacios donde la población LGBTI vive mayor porcentaje de discriminación (43,8%) y exclusión (27,6%) es el espacio laboral. Por lo tanto, un gran número de población LGBTI se encuentra en el subempleo y recibe menos de 400 dólares mensuales.

• Debido a ese círculo de discriminación que lleva consigo a la precariedad, mucha población LGBTI vive bajo la línea de pobreza y logra insertarse en el mercado laboral como trabajadoras y trabajadores por cuenta propia, en peluquerías y salones de belleza, como ayudantes de cocina, meseras, trabajadoras remuneradas del hogar e incluso en el trabajo sexual[1] y en el reciclaje.

• En la actualidad existe un amplio porcentaje de personas adultas mayores LGBTI que residen sobre todo en las ciudades de Quito, Guayaquil y la provincia de Manabí, que se encuentra en el desempleo y que no logran insertarse en el  mercado laboral, no solo por su orientación sexual e identidad de género, sino también por su edad.

• La población LGBTI es más vulnerable en estos momentos de emergencia sanitaria, por sus enfermedades preexistentes, muchas desarrolladas como efectos de tratamientos hormonales, sobre todo en la población trans.

• La población LGBTI no accede a los bonos del Estado, ni se encuentra en el Registro Social porque en su mayoría no tienen cargas familiares, comprendidas como las de las familias heteronormadas, padres e hijos e hijas y no son reconocidas como familias diversas, como lo establece la Constitución de la República del Ecuador. Muchas viven solas y sus cargas familiares no se traducen en lazos consanguíneos sino a través de lazos afectivos y de solidaridad en momentos de crisis.

En este contexto, exhortamos a que la población LGBTI, sea considerada en los bonos de contingencia que van a ser entregados por el Estado ecuatoriano en estos momentos de emergencia sanitaria.

La población LGBTI, que vive de sus ingresos diarios, al igual que muchas mujeres del comercio autónomo, madres solteras, mujeres víctimas de violencia de género, trabajadoras remuneradas del hogar, trabajadoras sexuales; no cuentan con ahorros para sobrevivir estos momentos, en los cuales, lo fundamental es permanecer en casa.

[1] Según la CIDH (2015) el 90% de mujeres trans de Latinoamérica y el Caribe se dedican al trabajo sexual para sobrevivir.