El Consejo Nacional para la Igualdad de Género, en calidad de mecanismo de género del Estado, responsable de asegurar la plena vigencia y el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres en todas las diversidades, reconoce a la Corte Constitucional por la decisión de despenalizar el aborto por causal de violación, y a las organizaciones feministas por su constante y ardua lucha en la reivindicación de los derechos de las mujeres.

El informe Consecuencias socioeconómicas del embarazo en la adolescencia en América Latina y el Caribe, que se levantó con datos de Ecuador, reveló que el embarazo en este grupo etario viene acompañado de distintas formas de violencia, entre ellas la violencia sexual, lo cual constituye al embarazo infantil y adolescente como una problemática de salud pública que genera desigualdad social y costos económicos a nivel nacional y regional.1

En concordancia al numeral 3 del Artículo 171, del Código Orgánico Integral Penal, que tipifica como violación al “acceso carnal, con introducción total o parcial del miembro viril, por vía oral, anal o vaginal; o la introducción, por vía vaginal o anal, de objetos, dedos u órganos distintos al miembro viril, a una persona de cualquier sexo (…) 3. Cuando la víctima sea menor de catorce años (…)”, la tasa de nacidos vivos en el año 2019 fue del 0.6%, que corresponde a 1.816 niños y niñas nacidos de mujeres entre 10 a 14 años, según el INEC.2 Por tanto, se refleja el número de niñas y adolescentes que han sido víctimas de violación y que han sido obligadas a ser madres.

Por ello, la decisión de la Corte Constitucional es trascendental, ya que responde a la situación de violencia sexual a la que según datos del INEC se encuentran expuestas, y que en muchos de estos casos, da lugar a una maternidad forzada, siendo esta la manifestación directa de la violencia institucional, simbólica y cultural, especialmente contra niñas y adolescentes menores de 14 años.

Además, la Corte Constitucional dispone que el Estado ecuatoriano garantice a las mujeres, niñas y adolescentes, que así lo consientan, la alternativa de interrumpir un embarazo producto de violación cuando han sido víctimas y sobrevivientes de violencia sexual.

Aún falta mucho para erradicar la violencia de género en todas sus manifestaciones, de ahí que este Consejo reitera el compromiso por asegurar los derechos fundamentales de las todas las mujeres.

1 Unfpa. Consecuencias socioeconómicas del embarazo en adolescentes en Ecuador. Implementación de la metodología para estimar el impacto socioeconómico del embarazo y la maternidad adolescentes en países de América Latina y el Caribe – Milena 1.0. Febrero de 2020. Fondo de Población de las Naciones Unidas – Oficina de país en Ecuador. Quito, 31.

2 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/webinec/Poblacion_y_Demografia/Nacimientos_Defunciones/2019/Principales_resultados_ENV_EDF_2019.pdf (p.24)