El CNIG insta al Presidente de la República electo y al actual a garantizar el derecho a la participación política de las mujeres en la toma de decisiones

El Consejo Nacional para la Igualdad de Género en calidad de mecanismo de género responsable de asegurar la plena vigencia y el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres en todas sus diversidades, ante la evidencia gráfica que muestra que en la mesa de definiciones para el proceso de transición del gobierno actual y el electo, no contó con ninguna mujer, recuerda al Presidente de la República electo y al actual, que Ecuador es un Estado que tiene la obligación constitucional de respetar, proteger, garantizar y promover la participación de las mujeres en los diversos ámbitos públicos políticos, incluso los que no son cuotas como acciones afirmativas.

Se subraya que Ecuador aún mantiene una deuda histórica con la participación pública y política de las mujeres, a pesar de que formalmente se ha ido garantizado este derecho en el artículo 65 de la Constitución de la República, así como en instrumentos internacionales de derechos humanos, especialmente el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer, y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, instrumentos con los cuales se mantienen compromisos por cumplir en el tema de participación.

La paridad entre mujeres y hombres es fundamental para el fortalecimiento de las democracias, por lo tanto, no es suficiente tener una paridad por acciones afirmativas, sino que se valore la representación de las mujeres en las diferentes esferas de decisiones. Mucho más si consideramos que de acuerdo con el Censo de Población 2010, el 50.5% de la población son mujeres, en concordancia los órganos del poder público deben reflejar la diversidad social.

En este sentido, la paridad no puede ser considerada como un criterio opcional, pues implica el cumplimiento y el ejercicio del derecho a la participación política en condiciones de igualdad y no discriminación; y se recomienda hacer valer los compromisos asumidos por el Estado ecuatoriano en las convenciones internacionales y cumplir con las obligaciones constitucionales frente al derecho de participación de las mujeres en la vida pública.

El Consejo Nacional para la Igualdad de Género reitera el compromiso por asegurar los derechos fundamentales de las mujeres, así como evidenciar las violencias a las que están expuestas.