Ecuatorianas y ecuatorianos, colaboradores y colaboradoras de las instituciones del Estado, representantes de organismos de cooperación y de organizaciones de la sociedad civil, compañerxs de lucha por la defensa de los derechos de las mujeres y personas LGBTI; me dirijo a ustedes con un fraterno y sororo saludo.

Después de un año y medio, termina mi gestión en el mecanismo de género del Estado ecuatoriano, el Consejo Nacional para la Igualdad de Género-CNIG. Un tiempo lleno de desafíos, responsabilidades y mucho trabajo, junto a un equipo que día a día se compromete por un objetivo supremo: lograr el cumplimiento del principio constitucional de igualdad y no discriminación por razones de género. Esto se traduce en una labor diaria para que las mujeres en toda su diversidad y personas LGBTI puedan vivir en una sociedad más justa, sin violencia, inclusiva, solidaria y con igualdad de oportunidades.

En este tiempo, al liderar la misión de trazar el camino para mayores condiciones de igualdad y no discriminación, he ratificado mi convicción de que quienes asumimos este reto en una institución pública como el CNIG, tanto en el nivel político como en el técnico, tenemos un compromiso que va más allá del cumplimiento de un horario o del monto de la remuneración, y se ve reflejado en un trabajo que propone un cambio en la vida de las personas y eso significa transformar todos los patrones con los que hemos crecido, reeducarnos, de construirnos y llevar todo ese proceso de aprendizaje hacia la sociedad, a través de políticas públicas, planes, estudios, información estratégica, diálogos diversos, coordinaciones en todos los niveles. Sin duda un trabajo intenso, cuesta arriba, poco reconocido, pues no se dimensiona la importancia transformadora que tiene en cada una de nuestras vidas.

Pese a los obstáculos y resistencias propias de nuestra sociedad, que aún se construye para eliminar una herencia patriarcal, sumado a la pandemia sanitaria global, en este periodo hemos logrado importantes acciones para que las instituciones del Estado tengan las herramientas necesarias que les permitan encausar la política desde un enfoque de género, para que las y los tomadores de decisiones tengan información actualizada y pertinente, y así generar espacios de interacción interinstitucional que formulen propuestas integrales y oportunas.

No puedo desconocer que este tiempo de importantes logros y arduo trabajo no hubiera sido posible sin los apoyos y acompañamiento de actores clave, pues el Consejo es una institución pequeña, con un equipo reducido, poco presupuesto y cada vez más debilitada. Por esta razón, extiendo un sentido agradecimiento a las y los colegas de las diferentes instituciones con las que aunamos esfuerzos para crear espacios de trabajo potentes, a la cooperación internacional y organismos no gubernamentales que nos han permitido cristalizar nuestras ideas, a través del apoyo técnico y/o financiero y sobre todo, a las mujeres y personas LGBTI que, como parte de procesos organizativos y de lucha social, nos han permitido aterrizar nuestras propuestas, han confrontado y cuestionado la realidad y situación de injusticia que a veces pasa por alto en la definición de las políticas públicas, permitiéndonos que nuestro trabajo sea más cercano a los territorios donde se vive la discriminación, exclusión e injusticia, en diferentes formas y con diversos rostros.

Las personas, instituciones y organizaciones que se aliaron a nuestra misión fueron importantes, así como importante ha sido la vivencia del feminismo en mi vida y en la vida de quienes conforman el CNIG, lo que nos ha permitido trabajar con base a principios sostenidos en la igualdad, equidad, en la justicia social, en los derechos humanos.

Asumí la gestión de liderar el CNIG y en poco tiempo en el país y en el mundo empezamos a vivir un momento crítico por la pandemia ocasionada por el virus COVID-19 que aún no ha terminado. Para un equipo pequeño con muchas limitaciones, esto significó un desafío enorme, no solo a nivel personal, sino que nos obligó a cambiar todas las formas de interacción en el ámbito laboral para no dejar nuestros procesos y compromisos con las y los sujetos de derechos en medio del camino.

La pandemia profundizó las situaciones de violencia, de discriminación, deficiencias en el acceso a servicios fundamentales, al mercado laboral, al sistema de justicia; precarizó la vida de mujeres y personas LGBTI y nuestro trabajo se volcó en visibilizar esta problemática coyuntural y definir iniciativas, para que las respuestas y las propuestas del Estado a corto y mediano plazo, no dejen de lado las demandas y necesidades de los grupos en condiciones de mayor vulnerabilidad.

Todo este intenso camino recorrido en corto tiempo me impulsa a insistir, como lo he hecho a lo largo de este periodo, en la necesidad de unir esfuerzos y fortalecer al mecanismo de género del Estado; una institución histórica clave, reconocida y legitimada a nivel regional e internacional que necesita ser política y socialmente visibilizada en nuestro país por la gestión relevante que día a día realiza y que aún no es considerada en la agenda de prioridades. La vida de las mujeres y personas LGBTI importan, además de que es compromiso del Estado cumplir con las responsabilidades asumidas en los instrumentos internacionales de derechos humanos, y nuestra gestión pública se alinea a la Agenda 2030, por lo que el lema de que no podemos dejar a nadie atrás es efectivamente un mandato, para cuyo cumplimiento es necesario contar con una institución de género fortalecida.

Me despido con gran satisfacción por los logros alcanzados, a pesar de las circunstancias adversas, en una institución con una responsabilidad tan sensible para el desarrollo de la vida misma. Me voy convencida de que el trabajo del Consejo Nacional para la Igualdad de Género tendrá sus frutos para el camino hacia la igualdad, pero para lograrlo no se puede bajar la guardia, porque los derechos de las mujeres y personas LGBTI son los que más fácilmente sufren retrocesos y mucho más en situaciones de crisis, en las cuales la vida sin violencia, el reconocimiento del trabajo no remunerado y de cuidado, la salud sexual y reproductiva, la participación paritaria, la educación inclusiva, etc., pueden pasar a un segundo plano. No lo permitamos, el trabajo hacia la igualdad de género tiene que seguir a paso acelerado y a través de una construcción colectiva, constituirse en una verdadera política de estado cuyo avance sea indistinto a los cambios de gobierno y autoridades.

La igualdad y no discriminación de las mujeres y personas LGBTI es un derecho cuya defensa seguirá cruzando nuestros caminos a través de diferentes trincheras.

¡Hasta la próxima!

Nelly Jácome Villalva

Secretaria Técnica

(nellyjacome@yahoo.com)