El jueves 25 de marzo, la Secretaria Técnica del Consejo Nacional para la Igualdad de Género (CNIG), Nelly Jácome Villalva, asistió al conversatorio “Respuestas del Sistema de Justicia y Protección de la Víctima”, organizado por el Observatorio Ciudadano Nacional para la Aplicación, Implementación y Cumplimiento Efectivo de la Ley Orgánica Integral para la Prevención y Erradicación de la Violencia Contra la Mujer.

La Máxima Autoridad del CNIG inició su intervención citando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: “el poder judicial constituye la primera línea de defensa a nivel nacional para la protección de los derechos y las libertades individuales de las mujeres, y por ello la importancia de su respuesta efectiva ante violaciones de derechos humanos”. Y aseguró que “el Ecuador siendo un Estado Constitucional de Derechos y Justicia plantea que todos los derechos fundamentales son exigibles y de igual jerarquía, entre ellos el derecho a una vida libre de violencia, y al ser una de sus características la interdependencia debe ser garantizados de manera integral, lo que implica el trabajo articulado de todas las funciones del Estado y niveles de gobierno”.

Sostuvo que para abordar el derecho a una vida libre de violencia basada en el género, es importante partir de la premisa que es una violación a los derechos humanos, que se manifiesta en diferentes ámbitos y con diferentes actores, y que las políticas a más de ser reactivas ante una amenaza o vulneración de derechos, deben identificar las causas estructurales para erradicarlas, que incluye transformar los estereotipos de género, las relaciones de poder desiguales existentes entre la víctima y el/los victimarios, así como las situaciones de riesgo o de vulnerabilidad de la víctima. 

Además, dijo que “entre las respuestas para tener un sistema de justicia para la protección de las víctimas de violencia, se encuentra algunos avances como la Ley Orgánica Integral para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres (2018), y su reglamento, el Plan Nacional de Desarrollo (2017-2021), el Plan Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (2019-2025)”, entre otros.

“Desde el CNIG, las respuestas se focalizan en la formulación, transversalización, observancia, seguimiento y evaluación de las políticas públicas relacionadas con las temáticas de género. Se trabaja de manera articulada con la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Derechos Humanos y el Ministerio de Gobierno, entre otros, para crear el indicador número de víctimas de femicidio, que define el número de personas fallecidas en el marco del tipo penal femicidio, ocurridos en un periodo y que a la fecha de corte se encuentran registrados en el Sistema de Justicia como tal”, acotó.

Señaló que el CNIG, en la Agenda Nacional para la Igualdad en Género, en el Eje 1, que corresponde a la Autonomía y Cultura de Paz, sitúa como acciones de la política 1, entre ellas, implementar el Sistema Nacional Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, de manera articulada en el nivel nacional, fortalecer, crear y ampliar la cobertura de los centros de atención integral y casas de acogida para víctimas de violencia de género y sus hijos o hijas; y articular y fortalecer los mecanismos interinstitucionales.

Finalmente, comentó que el CNIG “realiza observancia a casos que amenacen o vulneren los derechos de las mujeres y personas LGBTI con el objeto de vigilar que el sistema de protección este articulado en la respuesta tanto en el sistema penal como administrativo de justicia, entre las acciones se insta constantemente a la FGE a cumplir con el estándar de la debida diligencia en las investigaciones, así como la sanción y reparación”. E hizo un llamado para fortalecer la voz de las mujeres.

Otros panelistas fueron Darío Arciniega, representante del Sistema de Violencia Intrafamiliar de la Policía Nacional; Lenín Dávila de la Secretaría de Derechos Humanos; y Ernesto Rivadeneira, asesor jurídico del Consejo de la Judicatura de Sucumbíos.

El evento reunió a representantes de 25 provincias. También estuvieron presentes el Director Consejo de la Judicatura de Sucumbíos, Alberto Cueva; y la consejera del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, María Fernanda Rivadeneira. Cerca de 50 personas escucharon las intervenciones en la sala virtual y plantearon preguntas.