Esta mañana, Nelly Jácome Villalva, Secretaria Técnica del Consejo Nacional para la Igualdad de Género (CNIG), y Freddy Carrión, Defensor del Pueblo, firmaron un acuerdo contra la Impunidad en casos de Violencia contra las Mujeres: Niñas, Adolescentes, Jóvenes, Adultas y Adultas Mayores, en el marco del 25 de noviembre, Día Internacional por la Erradicación de las Violencias Machistas.

La Defensoría del Pueblo articuló a 140 organizaciones sociales de mujeres, de todo el país, para desarrollar este acuerdo que exige que el Estado trabaje con enfoque de género, que se garanticen políticas públicas para erradicar la violencia machista, protocolos de atención, así como justicia y reparación para las víctimas de femicidio.

La Secretaria Técnica del CNIG resaltó el trabajo conjunto para frenar la problemática de la violencia de género. “Es imperante trabajar con las organizaciones sociales de mujeres. Buscar estrategias masivas para erradicar la violencia y romper el silencio”. Añadió que “el 82% de las mujeres que sufre violencia de género no denuncia. El confinamiento ha incrementado los índices de violencia en el hogar”. Y recordó que el CNIG presentó y socializó las Acciones Estratégicas post estado de excepción por COVID-19 para su ejecución en las instituciones del sector público 2020-2021.

Por su parte, el Defensor de Pueblo destacó que “sin inversión poco a nada se puede hacer frente a la violencia de género” y que “mientras exista una mujer que parezca una violencia de cualquier tipo, efectivamente, habrá mucho que seguir haciendo”.

El compromiso tiene como objeto fortalecer acciones tendientes a evitar la impunidad en casos de violencia contra las mujeres: niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y adultas mayores. El documento considera que los Consejos Nacionales para la Igualdad son órganos responsables de asegurar la plena vigencia y el ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos. Los consejos tienen atribuciones en la formulación, transversalización, observancia, seguimiento y evaluación de las políticas públicas relacionadas, en este caso, en las temáticas de género, conforme determinado en el artículo 156 de la Constitución de la República del Ecuador.

El documento también destaca que es deber del Estado respetar, proteger y realizar los derechos de las mujeres: niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y adultas mayores, garantizando una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado y condenar toda forma de violencia conforme lo dispone la CEDAW, Convención de Belem do Para, Constitución de la República del Ecuador y la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.